Política

Democracia y poder, disputa constante

domingo, 10 de noviembre de 2019 · 00:00

César Navarro Miranda Ministro de Minería

El modelo político de organización del viejo Estado liberal, colonial era de las minorías electorales. Las organizaciones políticas no lograron por la vía democrática ser mayoría democrática; ese déficit fue sustituido por las alianzas partidarias y co-administraban el poder político alternando periódicamente en la titularía. Como sistema multipartidario se consolidaron implementando el neoliberalismo como modelo estatal y sus códigos de funcionamiento giraban en torno a lo partidario  y al libreto del Consenso de Washington. 

Ese modelo político tuvo su manifestación pública de crisis en abril de 2000, en el gobierno Banzer-Tuto, y se derrumbó en octubre de  2003, en el gobierno de Goni-Mesa. Pero el valor de legitimidad en la representación parlamentaria y municipal empezó a tener quiebres con la irrupción del instrumento político en las elecciones municipales de 95 y la nacional de 97, que no venía de  otro partido político ajeno al sistema de partidos, sino de un modelo de organización, elección y participación electoral a través de lo sindical, territorial, cultural y su comportamiento democrático-electoral es lo orgánico; es decir, la deliberación colectiva y la decisión que se adopta es la línea de acción política democrática.

La crisis estatal también implicó que los históricos representantes dejaran de serlo e implícitamente estábamos por  asistir a una crisis de la institucionalidad democrática, en este tiempo corto (elecciones municipales 2004 y elecciones nacionales 2005) pero sustantivo para la institucionalidad democrática que define el funcionamiento del nuevo sistema político. La presencia del MAS-IPSP en las elecciones en todos los municipios demuestra una presencia territorial nacional. En las elecciones  departamentales, por primera vez en nuestra democracia contemporánea los prefectos son elegidos por voto democrático y en las elecciones nacionales, el presidente y vicepresidente son elegidos por el voto democrático del pueblo, sin mediación parlamentaria, lo que da estabilidad política a nuestra democracia.

Un trípode de opción estatal y no sólo de gobierno: liderazgo popular-sindical y de izquierda, presencia territorial nacional y propuesta de transformación estatal (Asamblea Constituyente y nacionalización), que emerge de la resistencia al Estado y la movilización popular, lo que se resuelve por la vía democrática.

La ingobernabilidad política desde el Estado, impulsada por las oposiciones, fue la característica de la primera gestión de gobierno: seis de los nueve prefectos de oposición, en la Cámara de Senadores, 15 de los 27 de oposición. Un primer momento desplegaron la estrategia de la desestabilización desde el Estado, el primer gobierno elegido por el pueblo era bloqueado por la minoría electoral desde el Parlamento y las prefecturas. 

Un segundo momento, el derrocamiento. A la cabeza de los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija organizaron el Conalde, subordinaron a este grupo a prefectos, empresarios privados, algunos medios de comunicación, parlamentarios y constituyentes. 

Se constituyó en el núcleo de dirección política, primero para impedir el desarrollo de la Asamblea Constituyente (AC) luego para hacer fracasar el foro constituyente incorporando la capitalía plena para Sucre, enfrentando al departamento de La Paz. No lo lograron. Su paso posterior fue entre mayo y junio del 2008, el desarrollo de los referéndums anti e inconstitucionales de los estatutos autonómicos, cuyo resultado fue oponerse al proyecto de Constitución Política aprobado en la AC. 

Después que se celebró el último de los cuatro referéndums en Tarija, sesionó el Conalde y presentó al Presidente una carta que proponía: adelantar las elecciones nacionales y redactar la nueva Constitución sobre la base de los cuatro estatutos.

La derrota al derrocamiento se dio en un inédito y único referéndum revocatorio-ratificatorio. El Presidente y Vicepresidente electos por el voto democrático fueron ratificados con el 67% de la votación, y dos de los siete prefectos de la derecha fueron revocados. El resultado de la votación resolvió la disputa política del poder. Tercero, la derecha no aceptó su derrota y después de tres días del resultado del referéndum, el Conalde  convoca a desacato y desobediencia civil, toma de instituciones públicas, bloqueo de caminos, la voladura de ductos  y organizan el golpe cívico-prefectural, cuyo punto de inicio estaba en el departamento de Beni.

La movilización popular y el referéndum constitucional que aprobó la nueva CPE resolvió por la vía democrática la transición y la constitución del nuevo Estado Plurinacional.

Los que fueron derrotados: comités cívicos y prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca. Figuras  de oposición, Tuto, Doria Medina, Rubén Costas, Ernesto Suárez, Víctor Hugo Cárdenas  intentaron por la vía electoral frentista, en 2009 y 2014, reorganizar la oposición; sus acuerdos sólo duraron el tiempo de la campaña electoral y se diluyeron en los periodos constitucionales, reduciéndose a la consigna y eslogan mediático como la forma más efectiva de presencia pública.

Lo que les une es su anti-evismo. La ausencia de un norte ideológico es sustituido por la consigna. En el primer periodo el oficialismo tenía mayoría en Diputados y minoría en Senadores. La oposición acuñó la frase “2/3 es Bolivia”, con el resultado electoral de 2009 y 2014,  el pueblo le dio al MAS los 2/3 en la Asamblea Legislativa y las oposiciones construyeron la frase de  “régimen totalitarista, dictadura”, que es la fraseología del eje discursivo.

Su triunfo electoral fue el resultado del 21F, ese es momento triunfal, pero no como proyecto alternativo, sino como oposición dispersa. El resultado electoral para las oposiciones no definió la composición de fuerzas; por el contrario, mostraron un Óscar Ortiz reducido al espacio administrativo de la Gobernación cruceña; un Mesa sin coherencia ideológica, sin personalidad política y fragilidad parlamentaria, no es garantía para segunda vuelta, menos para una oposición coherente. 

Esta constatación es asumida como fundamental y entra en escena el Comité Cívico Pro Santa Cruz con Luis Fernando Camacho, que primero reivindica la segunda vuelta y da un plazo de 48 horas al Órgano  Electoral Plurinacional para convalidar el balotaje o él –arrogándose de manera soberbia un derecho que no tiene– posesionaría a Mesa como presidente en un acto público, una posición política que subordina a la candidatura de Comunidad Ciudadana al Comité Cívico Pro Santa Cruz, y en menos de tres días cambia de opinión  y decide pedir la renuncia del Presidente y nuevas elecciones; a lo que Mesa se subordina.

La división no podía ser la causa de la derrota de la oposición, por ello con anticipación acuñaron el término de “fraude”, que justifica su derrota y descalifica el triunfo de Evo, y es el centro discursivo de la movilización: fraude-dictadura.

Las movilizaciones violentas desde las oposiciones son convocadas e interpeladas por un discurso que exalta violentar el Estado de Derecho a través de la renuncia del Presidente y anulación de elecciones, toma e incendio de edificios públicos, partidarios  y privados. Utiliza la religión como eje de cohesión moral, presentándose como el bien contra el mal, exalta el racismo para enfrentar a los sectores sociales populares. 

Desde las oposiciones hay liderazgo disperso del conflicto, que apuesta a prolongarse y agudizarse: los políticos que perdieron en las elecciones apoyan las movilizaciones, pero dirigentes del conflicto los marginan de sus escenarios deliberativos.

Lo único cierto como norte para las oposiciones es la violencia.

 

 

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