Contra viento y marea

Mujeres ilegítimas en la mira

La legitimidad jurídica de la que Añez y Copa gozan no se refleja fielmente en su legitimidad política, al no haber emergido ninguna de las dos de la voluntad del pueblo
domingo, 13 de septiembre de 2020 · 00:00

Augusto Vera Riveros 
Abogado

En una columna de opinión de hace unos nueve meses, manifesté mi absoluto convencimiento de que la investidura de Jeanine Añez Chávez como presidenta era indiscutiblemente constitucional. Restan algunos más para que la primera mandataria, así como la presidenta del Senado, Eva Copa, cesen de sus cargos. A la legalidad derivada de sus funciones, ambas han conservado –y no tenía por qué ser de otra manera– su naturaleza encuadrada en derecho. 

Esa legitimidad jurídica de que Añez y Copa gozan no se refleja, sin embargo, fielmente en su legitimidad política. Es decir que al no haber emergido ninguna de esas dos autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo de la voluntad general, que es el interés común de todos los ciudadanos, en oposición a los intereses particulares o sectarios, y más bien por una interpretación constitucional, se produjo una ruptura del contrato social tácito entre gobernantes y gobernados, legitimidad política que Jean-Jacques Rousseau define puntalmente al señalar que ese consentimiento implícito de la sociedad civil no es suficiente, haciendo énfasis en que se requiere de la participación activa de los ciudadanos en la justificación de las leyes del Estado a través de la voluntad del pueblo, porque es en éste y en nada más, en quien descansa la legitimidad. 

Pero a esas dos categorías de legitimidad (jurídica y política) podemos además añadir otra especie: la moral. Ahora bien, cuando el sistema de legitimación no logra mantener el equilibrio justo de lealtad masiva, deviene en la pérdida de confianza –que es el centro nodal entre otros indicativos– de una crisis de legitimación que resulta de la pérdida de apoyo. Luego, la legitimidad de origen, enfocándonos en ambas presidentas, ha sufrido un marcado detrimento debido a su traición a las expectativas creadas en torno suyo y a la confianza en determinado momento en ambas depositada.

Pero bien, Añez y Copa ejercen cargos (los más altos en la inopinada estructura del aparato estatal en la actualidad) por una ficción de la ley, por una interpretación democrática y obligadamente correcta de la Constitución; empero, en un análisis exento de cualquier fanatismo legista o interpretación leguleya, tanto la Presidenta del país como la de la Cámara de Senadores, carecen de la legitimidad política que nace de la confianza y representación de la voluntad popular. 

De hecho, en el caso de Añez, no obstante de que sus atribuciones constitucionales no son ni restringidas ni distintas respecto a las de cualquier otro dignatario de su investidura emanada del voto, el mandato fáctico de la ciudadanía fue el de convocar a elecciones, que no se produjeron hasta ahora por los motivos que todos conocemos, pero ello no obsta que a estas alturas determinadas decisiones carezcan del asentimiento o incluso adolezcan de aprobación de los estantes, que serían correctamente compulsados si su mandato no hubiera caído en una caducidad política total, y en consecuencia, priorizado sus cálculos electorales. 

El ejercicio deshonesto, en el caso de Añez, que se fusiona con una candidatura no menos cuestionable, se agrava por su militancia en una organización política cuya representatividad en el contexto nacional es ínfima. Esta percepción no es arbitraria y más bien obedece al último referente expresado en las fallidas elecciones del pasado año, en las  que Óscar Ortiz, indudablemente político de mucho mayor proyección y peso específico, alcanzó un magro 4.24% de la preferencia electoral. 

El juicio de su probada ilegitimidad, que no es caustico, pero que tampoco puede ser más benevolente con Eva Copa, es aún más incontrovertible, al arrogarse –ella- la representación de un electorado que hoy no condice con la composición y especialmente con la bancada aplastante que su partido tiene actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Simplemente porque su aceptación en los últimos quince años nunca fue tan modesta como ahora. Por tanto, sus decisiones, empeoradas por un franco desconocimiento a la CPE, son mayoritariamente desmesuradas, pues la propia carta magna, que no prevé con precisión una coyuntura como la que se ha dado, es confusa respecto a las atribuciones que la Presidenta de la Cámara alta tiene, por lo que ante la duda razonable se debe aplicar el principio del derecho de ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Sancionar y promulgar leyes abiertamente contrarias al orden constitucional es odioso, y más odioso si se ha perdido toda legitimidad.  

Y ya se torna innombrable proyectar leyes para la impunidad de delitos de lesa humanidad cometidos por sus militantes. ¡Qué tristeza que el país se halle sumido en una pesadumbre causada por dos mujeres que pudieron haber pasado a la historia por ser puente entre el autoritarismo y la democracia plena! ¡Qué desperdicio para la oportunidad de una épica lucha del pueblo joven de Bolivia, que ellas están dejando pasar para por ser continuadoras de las mañas que por catorce años hemos condenado!

Jeanine Áñez no solo ha deshonrado su palabra, sino que cuando falta un mes y medio para las elecciones, está perdiendo la compostura que debe ser rasgo de toda primera autoridad, enlodando su gestión con un desesperado proselitismo electoral, al que por supuesto tiene derecho, siempre y cuando no lo haga, como viene sucediendo con el uso de bienes del Estado, entregando obras e insumos de propiedad fiscal y en el tiempo que debe atender asuntos de su magistratura, aludiendo sin el menor tino a otros candidatos y acusándolos de esconderse en esta etapa de pandemia.

 No sabía que las obligaciones y prerrogativas del gobierno en la lucha contra el virus ahora eran extensibles a los candidatos, y, por si fuera poco, ¡después de habernos hartado en los últimos seis meses con que no salgamos de casa! Y más extraño es aún la determinación de un desconfinamiento y apertura en las restricciones por efecto de la pandemia, justo en el mes del que con tanta vehemencia nos anticiparon que los contagios alcanzarían niveles extremos. Resulta inexplicable entonces que el gobierno hiciera tanto berrinche para evitar que las elecciones se celebraran en este mes o incluso en octubre. Está claro que su preocupación no fue la salud sino sus cálculos políticos. ¡Ah, perdón! es porque el pueblo necesita trabajar, y debe ser mejor hacerlo en medio del pico viral…

 

 

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