Polémica

Antidemocracia, antipolítica y elecciones 2021

El autor promueve la unidad y rechaza la fragmentación territorial que, según él, se alienta con las autonomías indígenas en el Chaco boliviano.
domingo, 10 de enero de 2021 · 00:00

Pedro Gareca Perales
 Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.

Recordemos qué ocurrió en Francia el 2018 para que una protesta de los chalecos amarillos derive en un movimiento violento capaz de poner en jaque al gobierno de Emmanuel Macron, paralizando los metros y generando un caos sin precedentes.

Si se sigue las reflexiones del historiador italiano Enzo Traverso en los nuevos perfiles de la derecha, no es difícil concluir que lo observado hace dos años en París tiene mucho que ver con la eclosión  de un malestar social que no halla cauces de expresión en las viejas estructuras del largo socialismo heredado por Emmanuel Macron y que fácilmente pudo acabar presa de la antidemocracia y antipolítica.

Esa violencia callejera tomó, hace unos años, el Centro de Londres y también el Centro de Madrid con indignados que buscaban la reivindicación de derechos concretos o que se expresaban votando por partidos cuya estrategia consiste fundamentalmente en darle una patada al tablero de la  institucionalidad cultural, como sucedió en Italia.

Ante estas protestas expansivas y virulentas, sucede que los partidos del establishment se apresuraron en calificar de antipolítica a la nueva izquierda que criticaba el deterioro institucional y en el fondo cuestionaba el funcionamiento de la democracia representativa. En efecto, si bien no era  antipolítica, se mostraba como una izquierda aparente para canalizar el malestar social con propuestas radicales de renovación democrática y de cooptación del poder total, esquema global que es antidemocrático y antipolítico, contrario a una democracia integral de calidad.

Como la antipolítica se alimenta desde el poder, en Francia hemos visto hundirse partidos con tanta raigambre europea como el socialista y, la ciudadanía optó por la sustitución democrática, mediante un movimiento no de barricadas  callejeras, sino por uno liderado por  Emmanuel Macron, basado en un hiperliderazgo personal impactante, que promovió la tesis del fin de las ideologías y la reducción de la política a una mera administración eficiente y transparente del poder. Por eso, no es extraño que haya movimientos relámpagos incrustados de antipolítica que utilizan la violencia como forma de expresión, donde las acciones al margen de la ley son sancionadas penalmente.

Ahora bien, en Bolivia, el proceso de cambio de siglo XXI en 14 años de gobierno ha destruido la institucionalidad democrática del país. La magistral fórmula fue instaurar la perpetuidad en el poder fuera de los límites de la Constitución (artículo 168), con la ayuda y  las decisiones inconstitucionales de los cuatro poderes del Estado: con leyes, sentencias y procesos electorales que configuran el agujero oscuro de la historia de Bolivia.

Las manipulaciones informáticas en procesos electorales, tanto en el anulado de 20 de octubre de 2019 y el organizado por el actual TSE verificado el 18 de octubre de 2020, tienen responsables con nombres y rúbricas según el informe de la OEA  que fue elaborado por auditores especialistas y el estudio de análisis elaborado por asesores del Comité Cívico Pro Santa Cruz y técnicos informáticos que exigen la revisión del padrón electoral, auditoría y la constatación de más de 2.500 actas alteradas  que deberían ser anuladas, que representan aproximadamente más del 3% de electores.

A las indecorosas descalificaciones usando términos como  “golpistas” y “fascistas” entre grupos de oposición y  del MAS  IPSP, que  se han   graduado en impunidad al beneficiarse con la anulación de los procesos e imputaciones en su contra gracias a los favores de  grupos élite de fiscales y jueces afines al MAS-IPSP por delitos de fraude electoral, terrorismo, sedición, instigación al delito, secuestro, crimen organizado, asesinatos, atentados contra la propiedad pública y privada, sustracción de recursos de los bancos Central y Unión, entre otros, se suma otro término que la sociedad boliviana no está dispuesta a sepultar: “antifascista”. 

Una resolución encomiable de la nueva administración del actual Presidente del Estado Plurinacional, que dicho sea de paso no debe tener la conciencia tranquila al haber emergido de encuestadoras que prematuramente  y en -plano de suplantación- le concedieron el triunfo con un aproximado 5% de escrutinio oficial y sin control del sistema denominado Direpre, pasaría por dialogar con los grupos parlamentarios opositores al sistema autoritario, hasta conseguir la independencia de los poderes, la reposición de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional  y la abrogación de la Ley 1198 que cancela el Referéndum para aprobar Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos (AIOC).

Asimismo, como cuestión relevante, se debe respetar los 2/3 de consenso que exige la Constitución y la aplicación del Referéndum de buena fe, libre e informado a los ciudadanos urbanos de Gutiérrez, Ipitá, Los Tajibos, entre otros, en procesos de conversión del Municipio de Gutiérrez en Autonomía Indígena Originaria Campesina, sobre la base de un certificado de ancestralidad falso e ilegal emitido por el ex ministro de Autonomías, Carlos Romero. Este es un tema urgente a corregir para que el municipio sea convocado a elecciones para el 7 de marzo de 2021.

Se entiende la desesperación de miles de ciudadanos olvidados en este proceso “Kereimbae Iyambaae” que afecta a Gutiérrez, pero  el sistema del MAS IPSP y concretamente autoridades del  TSE, TCP, ALP, SIFDE, CIPCA y el Viceministerio de Autonomías, están actuando ilegalmente, sin que los legisladores de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, hayan puesto sobre la mesa el debate, reflexión y análisis de que a través de las denominadas Autonomías Indígenas en éstas tres regiones, por interés económico, pretenden crear una ley de unidad territorial de las comunidades para instituir el décimo departamento Guaraní, debido a la riqueza de campos petroleros y pozos descubiertos en producción como Itacobo, Tajibo y Curichi (ubicados en Río Grande, Espino y Charagua), Tatarenda, Incahuasi (Lagunillas e Ipati), Camiri (Sararenda bloque bajo); así como los pozos exploratorios de Santa Cruz: Carahuicho (4 pozos), Charagua (Izozo), Abapó profundo (Río Grande), Opabasu (Río Grande), Huesos (Ubicados en Gutiérrez-Ipatí), en el área urbana de Gutiérrez 4 pozos marcados por la Chinopex, Oriental (áreas guaraníes), Sararenda X2 (Camiri Chorety), Boval (Área guaraníes) e Irenda (Ipati, Chorety y Camiri), Huacaya, Macharety (Chuquisaca), Itaú, Madrejones, Campo Durán, Camatindi (Tarija).

Vemos que nuestras sociedades están asediadas por la injusticia, desigualdad y discriminación y, si la política no es capaz de ofrecer expectativas a quienes se sienten desamparados protestando con civismo contra el avasallamiento de autoridades y la pérdida de la capacidad del Estado para resolver los problemas habrá más malestar, antidemocracia y antipolítica.

Finalmente, es propicia la mención de Traverso, Enzo: : “Intentemos conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado y preservar una democracia que día tras día se vacía más de sustancia. Y, sin embargo, sabemos que la olla hierve y que la tapa va a saltar”. Hay que estar preparados para solucionar lo prioritario que es la unidad y no la fragmentación territorial.

 

 

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