Polémica

Sobre la necesidad de un impuesto a la coca

¿Debe el sector cocalero pagar tributos por la hoja de coca?, ¿por la producción o por la comercialización?
domingo, 17 de enero de 2021 · 05:00

Marcelo Cortez de La Barra
Abogado

El investigador social de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Karl Hoffmann señaló de forma sorprendente que “los cocaleros de Bolivia lograron generar entre el 2006 al 2015, aproximadamente unos 320 millones de dólares anuales, lo que significa que durante el Gobierno de Evo Morales, este sector recaudó mas de 3.200 millones de dólares” (sic), la fuente corresponde al reportaje especial –bien documentado- de Christian Burgos Gallardo para el periódico Los Tiempos.

El cultivo de la hoja de coca y su comercialización, no obstante su carácter informal, se han convertido en una actividad económica de importancia en Bolivia. La actual Ley General de la Coca (Ley 906), promulgada durante el ultimo gobierno de Evo Morales, establece que su objeto normativo es la “revalorización, producción, circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca en su estado natural” (Art.1º.), norma legal que al margen de haber derogado los artículos 1º al 31 de la Ley   1008, ha ampliado la extensión de cultivo legal de esta planta a 22.000 hectáreas. 

Si bien el artículo 35 de la referida norma legal se refiere a una tasa administrativa a la coca, la misma de ninguna manera representa un impuesto que grave la actividad productiva y comercializadora de la hoja de coca. Una tasa, si bien es un tributo, a diferencia de un impuesto es una prestación económica que se realiza por la obtención de un servicio público que puede ser de carácter administrativo determinado por el Estado. 

La creación de impuestos cuando correspondan al dominio tributario nacional debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuando se trate de impuestos de carácter departamental, deben ser aprobados por las Asambleas departamentales (Art. 323 CPE),  de lo que se puede inferir que este impuesto puede ser aprobado por las asambleas departamentales de La Paz y Cochabamba y beneficiar solo a los referidos departamentos, toda vez que la actividad de cultivo de la hoja de coca se encuentra en la zona de los Yungas de La Paz y en el Chapare cochabambino. 

Existe la necesidad de crear un impuesto a la coca, ese tributo debe ir sobre todo al sostenimiento de la ejecución de obras publicas que se desarrollan en las áreas geográficos de producción de la hoja de coca. 

 La jurista especializada en Derecho Tributario  Mercedes Alba Braun señala que: “Existe la necesidad de crear un impuesto a la coca (...)  ese tributo debe ir sobre todo al sostenimiento de la ejecución de obras publicas que se desarrollan en las áreas geográficos de producción de la hoja de coca”.

Consecuentemente, tributo e impuesto se caracterizan por ser sinónimos, una obligación inexcusable, un gravamen, una carga y una imposición. El Estado impone para sufragar la subsistencia del aparato burocrático y la ejecución de obras públicas”. (p.17)

Una ley que determine y regule el impuesto a coca debe establecer de forma clara el hecho imponible o generador de este impuesto, si será gravada la actividad de producción o comercialización, establecer de forma clara la relación jurídica tributaria,  el momento de su pago,  la prescripción o extinción del pago de este impuesto, cuál será el porcentaje a ser  fijado para la alícuota de este impuesto, cuáles serán las facturas que podrán descargar los cocaleros respecto a este impuesto, esperando que no sean facturas por la compra de precursores, lo que llegaría a demostrar -prima facie- que algunos o muchos cocaleros están relacionados con la actividad ilícita del narcotráfico.

El art. 311 de la CPE establece la igualdad jurídica ante la Ley, de todos las personas y organizaciones que se dedican a una actividad económica.

Una de las obligaciones fundamentales de un estado democrático es velar por el cumplimiento de la igualdad jurídica de sus ciudadanos, no pueden existir ciudadano de primera y segunda clase, ni privilegios para un determinado sector.

Para nadie es un misterio que el sector cocalero sobre todo el referido a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, gremio del cual Evo Morales sigue siendo su presidente, se benefició mucho durante los 14 años de gobierno de Morales, sin pagar impuestos, pero recibiendo una gran infraestructura, inclusive la construcción de un aeropuerto internacional moderno, al que no llega ningún avión comercial del extranjero.

La tributación legaliza una actividad, y una regulación impositiva a la coca, de cierta manera va a legalizar a ese sector informal de la economía, que se constituyen los productores de la hoja de coca. 

El control de la comercialización de la hoja de coca, impedir que la misma sea dirigida a fines ilícitos, se constituye -por otra parte- en otra actividad o función del Estado.

La presente coyuntura representa en un reto para el presidente Luis Arce, y sobre todo en una disyuntiva: o se sigue favoreciendo –con fines políticos - a un sector que ha sido injustamente privilegiado o se cumple la Constitución Política del Estado, es decir el respeto a la igualdad jurídica ante la ley de todos los bolivianos y bolivianos.
 

 

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