El gobierno hace aguas en la Renta Dignidad

El monto del IDH ha disminuido, las empresas públicas reportan bajas utilidades y la Gestora no genera ingresos. ¿Hacia dónde vamos?
domingo, 22 de mayo de 2022 · 05:00

Carlos R. Calle Rivera

Cuando se creó la Renta Dignidad, se destinó a ella el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el gobierno central trasfiere mayoritariamente a gobernaciones y municipios, y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas (hoy nacionalizadas).

Sorprenden ahora las noticias sobre un proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa que obligaría a los trabajadores a efectuar aportes que van de 0,3% al 3% del total ganado, mismos que se destinarían a la Renta Dignidad. También tendrían que aportar las empresas de telecomunicaciones, que tengan patrimonios superiores a 1.000 millones de bolivianos, con el 10% de sus ingresos brutos; y finalmente, la empresa del litio con el 30% de sus ingresos por venta de carbonato de litio y cloruro de potasio.

Además, el Decreto Supremo 4716 dispone que las “utilidades” de la Gestora Pública se destinen al Fondo Solidario y/o al Fondo de Renta Universal de Vejez.

 A la vieja usanza neoliberal, el MAS pretende apretar los cinturones de los trabajadores. Ya en 2010, al promulgarse la Ley 065, la “primera ley consensuada con los trabajadores” decía, por entonces, la propaganda oficial, se dispuso que la solidaridad debían practicarla los trabajadores, no el Estado. En efecto, al crear la pensión solidaria de vejez se ha dispuesto que ésta sea financiada por todos los trabajadores con el 0,84% de su ingreso mensual (0,50% de su total ganado y 0,34% de la prima por riesgo común), con aportes variables, entre 3% y 10%, de los ingresos superiores a Bs 13.000 y, finalmente, con un aporte de las empresas del 3% de la planilla salarial. El Estado, nada.

De acuerdo al boletín económico Nº 13 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante 2021, 1.123.866 beneficiarios cobraron la Renta Dignidad (269.856 jubilados y 854.010 no jubilados). Extrañamente hubo 11.082 beneficiarios menos que en 2020, año en que alcanzaron a 1.134.948; más extraño aún considerando que en los últimos cinco años los beneficiarios aumentaban a un promedio de 36.003 por año (3,5% crecimiento anual).

La actual Renta Dignidad, concebida durante el gobierno de Sánchez de Lozada con el nombre de Bonosol, tiene una gran cobertura: beneficia a los bolivianos mayores de 60 años realizando 13 pagos al año, a razón de 300 bolivianos a jubilados y 350 bolivianos a no jubilados. Los pagos por este concepto, durante el año 2021, sumaron 4.239 millones de bolivianos (609,0 millones de dólares). Curiosamente inferiores en 9,5% respecto a 2020, cuando el monto pagado alcanzó a 4.684 millones de bolivianos.

De cualquier manera, el monto recaudado por el IDH ha disminuido, las empresas públicas reportan bajas utilidades y la Gestora solo gasta, no genera ingresos. ¿Hacia dónde vamos? Por lo visto, hacia el precipicio; sin embargo, a este ritmo, podemos llegar a embarrancarnos muy rápidamente.

Es evidente. El IDH ha disminuido considerablemente: de Bs 15.602 millones en 2014 a Bs 6.304 millones en 2021 (proyectado). Esta triste realidad es producto, entre otros factores, de una política hidrocarburífera del “proceso de cambio”, que fue incapaz de descubrir un solo pozo de gas, limitándose a ordeñar la vaca descubierta (los pozos) por los llamados neoliberales. Ahora bien, si se destinó el 30% a la Renta Dignidad, o sea Bs 1.891,2 millones , esto habría alcanzado para cubrir la renta dignidad de 447.621 beneficiarios (39,8%).

Por otra parte, las utilidades netas de todas las empresas públicas (no solo capitalizadas) han disminuido de 7.371 millones de bolivianos en 2014 a 2.873,0 millones de bolivianos en 2021. A pesar de ello, este monto habría alcanzado para pagar a 680.000 beneficiarios (60,5%).

Está claro que con las dos fuentes, aunque con las justas, se habría logrado financiar la Renta Dignidad.

¿Qué utilidades podría transferir la Gestora Pública si no genera un centavo? Parece una broma de mal gusto. Pero haría bien en ajustar su dispendioso presupuesto con sueldos exorbitantes superiores a los del presidente, y así contribuir, aunque sea marginalmente, al sostenimiento de la Renta Dignidad.

Lo cierto es que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo está empezando a hacer aguas. A esta altura, después de 15 años de gobierno del llamado proceso de cambio, ya deberíamos estar cosechando los frutos de la “revolución democrática y cultural”. Las empresas estatales deberían estar reportando utilidades y los bolivianos beneficiándonos de ellas. No hay nada de esto. ¿Qué está pasando? El exministro Arce Catacora, hoy presidente, tiene la obligación de decirle la verdad al país.

Pero hay otras formas de financiar la Renta Dignidad. El gobierno elefantiásico del MAS no pretende apretarse los cinturones. Pero, tendría que hacerlo. De acuerdo a reportes de prensa existen 526.000 funcionarios públicos, con una planilla anual, aproximada, para sueldos y salarios de Bs 27.047,2 millones  ($us 3.886,1 millones). Si solamente se ajustara en 10% esta frondosa planilla, se dispondría de Bs 2.704,7 millones ($us 388,6 millones), suficientes para pagar a 640.170 beneficiarios; es decir, al 57,0%. Con ajustes de este tipo, se podría liberar recursos ociosos para pagar la Renta Dignidad.

Adicionalmente, se tiene que efectuar cambios estructurales sobre las empresas públicas. No es posible que, con dinero barato del Banco Central, la mayoría de las empresas estatales reporten pérdidas. ¿Cómo se están gestionado? ¿Los ejecutivos rinden cuentas por los resultados obtenidos? No. Es hora de que lo hagan, ante la Asamblea Legislativa y ante un organismo de supervisión y control. Hay que propugnar una “Ley de Responsabilidad de Gestión de la Empresa Pública”. Todos los ejecutivos de las empresas públicas tendrían que responder por los resultados de su gestión. De lo contrario, dichas empresas nunca representarán ningún aporte a obligaciones sociales como la Renta Dignidad.

 

Carlos R. Calle Rivera Plataforma Ciudadana UNO

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