La doble moral del Gobierno con las empresas en crisis

domingo, 14 de julio de 2019 · 00:01

El Gobierno respalda que las compañías privadas con problemas pasen a manos de sus trabajadores como si la capacidad de gestión fuera común en cualquiera que se ponga al frente de las mismas y, en paralelo, exige que el Banco Central de Bolivia entregue más fondos a las firmas estatales con deudas hasta el cuello.

El Ministerio de Trabajo informa que hay diez compañías privadas del país, nueve de La Paz y una de Cochabamba, supuestamente abandonadas por sus propietarios, cuyos trabajadores piden la aplicación de Ley de Creación de Empresas Sociales para asumir su administración. Es evidente que cada vez que una empresa agoniza, los trabajadores la pasan muy mal y sus familias quedan en la incertidumbre, pero también sus dueños y sus propias familias.

A veces se centra toda la responsabilidad del fracaso en los empresarios como si en lugar de trabajar se hubieran abocado a quebrar su compañía, pero también debe medirse si hubo un impacto negativo de las políticas oficiales sobre esas empresas.

En eso pensé cuando la estatal Senatex puso en liquidación decenas de miles de prendas de algodón. Senatex es lo que quedó de la empresa Enatex, a la que el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, pedía vestir bien a los bolivianos a bajos precios.  No está mal intentar satisfacer las necesidades de la población con productos buenos de bajo costo, pero desearlo no es suficiente. Debido a su mala gestión, Enatex terminó despidiendo a centenares de empleados, acumuló una deuda millonaria con el BCB  y perdió inversiones y patrimonio, sin que nadie asuma responsabilidad técnica, ni política por ese desplome.

En las instalaciones de Senatex funcionó antes la textilera Ametex, de Marcos Iberkleid, que exportaba prendas al mercado norteamericano, el más exigente del mundo. Como cualquier empresario, afrontó problemas, pero reclamó ayuda y no le dieron la necesaria. Aunque todo eso ya es historia, Enatex evidencia que el Estado puede cometer millonarios y terribles errores de gestión, incluso con un apoyo supuestamente profesional. El mismo temor a un fracaso con un alto costo se cierne alrededor de la azucarera San Buenaventura, en la que también se hicieron inversiones millonarias con créditos del Banco Central y sobre cuya quiebra técnica han alertado analistas.

El Gobierno dice que no hay nada de qué preocuparse y ha proyectado que el Banco Central realice un nuevo préstamo a esa firma sin considerar sus quebrantadas cuentas. Los técnicos del ente emisor, como cualquier oficial de créditos en un banco comercial, saben del alto riesgo de dar préstamos a compañías con problemas financieros, aunque seguramente no dirán nada por miedo a posibles represalias.

En general, aunque seguramente existen excepciones en el manejo empresarial con sentido social por parte del Estado, no hay día en que los medios, los centros de investigación y la oposición dejen de reportar ineficiencia, corruptelas y proyectos fallidos en alguna compañía estatal.

En tanto, a esas diez empresas privadas que pasarán a manos de sus trabajadores parece que no les queda otra que esperar la muerte porque no es seguro que ellos sepan de gestión empresarial y la ayuda del Estado, como vimos, tampoco garantiza nada. No obstante, si hay un empresario interesado en salvar cualquiera de esas compañías en quiebra con una parte de los empleos, eso tendría una mayor oportunidad y el Gobierno podría ser un facilitador en ese propósito en temas logísticos, sin dar dinero.

Una adecuada administración no es algo que cualquiera pueda hacer siempre bien y cabe la posibilidad de errores, pero en un negocio privado las pérdidas caen sobre las espaldas del empresario, a diferencia del Estado, cuyas aventuras pagamos todos.

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