Siete magistrados declaran ante Comité de Ministerio Público

Investigan el nombramiento ilegal de 169 jueces y la emisión de fallos ilegales.
viernes, 14 de febrero de 2020 · 00:37

Carlos Quisbert  / La Paz

Siete magistrados se presentaron a declarar, por distintos casos, ante el Comité de Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Diputados, en la etapa preliminar de un juicio de responsabilidades. Se prevé que en 38 días se emita una resolución de rechazo o de acusación en cuatro casos.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola, miembro de dicho comité, informó que ayer se atendieron los casos abiertos contra  tres miembros del Consejo de la Magistratura (CM), otros tres del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y contra uno del Tribunal Agroambiental.

En el caso de la Magistratura, los consejeros Gonzalo Alcón, Dolka Gómez y Omar Michel    son investigados, en un primer caso, por  el presunto nombramiento ilegal de 169  jueces en tres  procesos de selección. La segunda denuncia por la que ayer se presentaron a declarar en La Paz se trata de la creación de un cargo  y la designación a ese puesto de una persona por medio de una resolución firmada por los tres.

“Se habían emitido órdenes de aprehensión contra los tres miembros de la Magistratura, que quedaron sin efecto porque  se presentaron con seis abogados diferentes. Nos sorprendieron a todos. Plantearon incidentes por infinidad de razones, todo con el fin de anular el proceso, que desde septiembre del año pasado está estancado”, explicó Piérola.

 En el caso de las magistradas del TCP Giorgina Amusquibar y Karen Gallardo  son procesadas por la destitución de una persona con discapacidad, quien las denunció por  incumplimiento de deberes y dictar  resoluciones contrarias a la ley. Por otra denuncia, interpuesta por el diputado del MAS Franklin Flores, también declaró Petronilo Flores, acusado de “avalar la sucesión constitucional de Jeanine Añez”, que en criterio del legislador es ilegal. 

   Piérola señaló que la denuncia se analiza, pese a que el acusado asegura que es un proceso sin fundamento y con una mala intención política.

El último en declarar fue Rufo Nivardo Vásquez  por el supuesto tráfico de influencias y beneficios en razón del cargo.

 

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