Juan Cristóbal Soruco Q.

En medio de dos matones

lunes, 2 de noviembre de 2020 · 00:12

Una vez más los extremos se tocan. Lo demuestra la coincidencia que muestran en las actuales circunstancias las corrientes radicales de diferente tinte ideológico que pretenden avasallar la voluntad popular e imponer un gobierno autoritario que les permita, según quién se alce con la victoria, ejercer el poder en forma autoritaria. 

Entre ambos polos se encuentra, acosada, la ciudadanía que esperaba que una vez realizadas las elecciones del domingo 18 en un marco de respeto y confianza se reduciría la incertidumbre y comenzaría a normalizarse la vida nacional. Más aún cuando, entre los mensajes que mandó a través de su voto resaltan el pedido de respetar y consolidar el sistema democrático, recuperar las instituciones estatales y capacidad para enfrentar la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ya está presente.

En igual situación se encuentran los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que reciben ataques de esos mismos sectores tratando de que se someta a sus designios.

¿Cuáles son esos sectores que ejercen ese tipo de matonaje?

Por un lado, varios grupos que fueron derrotados en los comicios y que impulsan una movilización suicida para evitar que, como corresponde, los candidatos elegidos asuman sus funciones.

Primero, plantaron dudas sobre la transparencia del proceso electoral (sin mostrar una prueba) y, por tanto, cuestionando la actuación del TSE, la única institución estatal constitucional y democráticamente constituida (lo que no sucedía desde 2006). Con una agravante más: atacan al TSE pese a que instituciones solventes de observación electoral internacionales, como la OEA y la Unión Europea (que denunciaron las irregularidades y fraude cometidos el año pasado), y la Fundación Carter, y varias nacionales y la Iglesia católica, elogiaron la transparencia del proceso electoral.

Con ello, además, dan pretextos para que los nuevos gobernantes (como sucedió en 2006) pudieran intentar copar nuevamente ese órgano y hacerlo antes de las elecciones regionales que se avecinan. 

Segundo, como las acusaciones de fraude sólo son creídas por ellos mismos, muchos grupos de este sector han pedido desembozadamente que las FFAA se hagan del poder traspasándoles “constitucionalmente” el mando de la nación. Con esa actitud sólo demuestran que su adhesión democrática es de dientes para afuera y lo  que buscan en el fondo es que se conforme un gobierno similar al del MAS en los últimos 14 años, pero a su beneficio.

En el otro extremo se encuentran los grupos radicales del MAS. Aquellos que elaboran listas negras de periodistas para agredirlos, que promulgan reformas para adecuar el funcionamiento de las entidades a gusto de los inquilinos del Palacio de Gobierno (y lo hacen, además, luego de un inexplicable viaje del ex presidente fugado a Venezuela) y atacan al TSE exigiendo, sin respaldo legal alguno, actuar de determinada manera. 

En fin, creen que pueden repetir una gestión de gobierno similar a la del exmandatario fugado, sin comprender que esa forma de gobernar, caracterizada por la corrupción generaliza, el creciente autoritarismo, y el culto a la personalidad, que se tradujo en relaciones de poder sobre vidas y haciendas, y la violación de leyes básicas de convivencia pacífica… Todo lo que provocó que fueran derrotados en octubre de 2019.

Nuevamente, pues, atravesamos momentos recargados de mucha tensión, escenario ideal para adoptar actitudes de consecuencias impredecibles que con seguridad afectarán a la gente. Para evitar esos extremos, el primer grupo mencionado debería suspender sus movilizaciones erráticas y, más bien, asumir el desafío de integrarse en el sistema de organizaciones democráticas.

En el campo del MAS, la forma en que organice Luis Arce su gobierno y las primeras medidas que asuma una vez posesionado nos permitirán intuir si ingresamos en un proceso de convivencia pacífica y recuperación de principios democráticos o si se conducirá al país en medio de una permanente confrontación, como se lo hizo en sus 14 años de gobierno. Es decir, si es un estadista o un ejecutor de decisiones ajenas.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista.
 

 

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