Jhanisse Vaca Daza

Seis meses

miércoles, 9 de diciembre de 2020 · 00:12

Con el nuevo gobierno vino un nuevo cambio de autoridades responsables de prevenir, evitar y mitigar los incendios en el país. Los voluntarios vemos cómo, una vez más, hay  nuevos funcionarios públicos en distintos ministerios y entidades responsables por nuestro medioambiente,  que tienen seis meses para evitar que la crisis de incendios se repita el 2021. 

Los reportes de prensa indican que este año hubo aún más focos de incendios que en 2019, pese a que en teoría los números de hectáreas perdidas por fuego este año (más de tres millones sólo en Santa Cruz) son menores que el pasado. Para quienes hemos estado en áreas afectadas por los incendios sabemos que esas cifras que sobrepasan los millones podrían ser mucho menores si tan sólo se hicieran cambios que ya han sido pedidos por distintos grupos indígenas, colectivos de medioambiente, activistas y bomberos. Tanto el gobierno de Morales como el de Añez se negaron a hacerlos. ¿Qué hará el gobierno actual?

Hay una gran necesidad de cambiar las leyes que autorizan los incendios. También debería darse cambios en la Ley 602 de Gestión de Riesgos. Esta ley y la debilidad de las instituciones implicadas en la misma han sido una de las principales fuentes de dolor de cabeza para voluntarios en los últimos años. Mientras la ley indica con buen motivo que los municipios deben rendir cuentas de todos sus gastos para justificar la declaratoria de desastre, este requisito burocrático muchas veces retrasa o imposibilita la declaratoria debido a falta de documentación de los gastos correspondientes. 

No cuesta imaginar que la corrupción a nivel local puede ser un freno para dicho proceso. De una u otra forma terminamos con municipios afectados por incendios que solicitan ayuda a bomberos voluntarios sin tener fondos para apoyarlos porque no se han declarado en desastre. En tal caso queda en manos de la sociedad civil correr con los gastos. Y el ciclo se repite: un Estado incapaz de apoyar a sus ciudadanos, incluso en un escenario extremo de desastre ambiental.

Este año los voluntarios vivimos la misma incertidumbre -ya casi normalizada- de llevar días sin contacto con grupos de bomberos cuando están en campo porque no hay dispositivos para comunicarse con ellos. Esta falta de comunicación impide el apoyo en caso de emergencia, pero aún así se repite y está casi normalizado en la psique de quienes llevan años en este trabajo.

No debería ser así. ¿Acaso no tiene el Estado boliviano un satélite de telecomunicaciones a la disponibilidad del país? ¿No se le debería dar uso en épocas de emergencia y desastre? ¿Tan difícil es conseguir un teléfono satelital? Nuevamente, queda en manos de grupos voluntarios ver cómo lograr comunicación con los bomberos cuando están en zonas alejadas. El Estado está para la foto y la campaña, no para la ayuda real. 

La insistencia en que al final del día es la sociedad civil quien corre con muchos de los esfuerzos para mitigar incendios, no es para glorificar ni para ensalzar a los voluntarios medioambientales; es para recalcar que en la mayoría de los casos, si no somos estos grupos los que hacemos estos trabajos tan importantes, las cosas no se hacen. Y eso rompe el contrato social por el cual aceptamos al Estado. Gobierno al cual le toque un desastre ambiental de incendios de la magnitud de los que hemos vivido estos años debe entender que el norte de cómo combatir esos desastres lo marcan no los políticos de turno, sino los especialistas técnicos. Ni el gobierno de Morales ni el de Añez supieron escuchar primero a los bomberos expertos en incendios forestales ni a los especialistas en flora y fauna correspondientes. El interés electoral primó sobre la emergencia ambiental. 

El gobierno de Arce tiene seis meses antes de la próxima época de incendios para aprender de sus errores, o ser uno más que pone al juego político sobre el principio básico de cuidar la vida.

 

Jhanisse Vaca Daza es activista de derechos humanos y noviolencia, cofundadora de Ríos de Pie.
 

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