Henry Oporto

Bolivia, el día después

lunes, 6 de abril de 2020 · 00:09

“Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina”,

Víctor Hugo.

Bolivia no será la misma después la peste. Como no lo será el mundo. ¿Qué futuro construiremos los bolivianos? La pandemia ha revuelto de tal manera las cosas, que mucho de lo que teníamos pensado para la transición democrática se ha vuelto dudoso o elusivo. Nos movemos en terreno desconocido, y son pocas las certezas. En un momento así, es provechoso indagar en la historia; buscar referencias para mirar entre la maleza tupida, y tal vez orientarnos en nuestro andar.

La referencia más próxima de una crisis multifacética y de una gran envergadura, es la hiperinflación de la década de los 80, apenas iniciada la transición de la dictadura militar a la democracia. Recuérdese que, en 1985, la escalada vertiginosa de la inflación llegó a 11.750% -todo un récord mundial en ese instante-, en tanto que la tasa de crecimiento negativo anual del PIB real evolucionó de -3.9% en 1982 a -4% en 1983, -2% en 1984 y -1.7% en 1985. La economía colapsó, dejando una estela de empresas y negocios quebrados, desempleo masivo, pérdida de ahorros bancarios, desabastecimiento agudo, salarios e ingresos desvalorizados y, por supuesto, muchísima pobreza.

 Aquello fue una hecatombe social, por su virulencia y sus efectos devastadores para millones de bolivianos. Pero cuando el país pudo emerger de ella, era una Bolivia distinta. La sociedad logró sobrevivir a la peste económica, y luego rehacerse en muchos aspectos. El remedio (el plan de estabilización del decreto 21060) fue duro, durísimo, pero a fin de cuentas efectivo. Tan traumatizados quedamos con el fenómeno de una inflación galopante (la mayor de su historia económica), que aprendimos a valorar la importancia de una economía estable, con cuentas fiscales sanas y en equilibrio, aunque luego no siempre ha sido así.

La hiperinflación, combinada con el desplome del precio del estaño (principal producto de exportación, y virtualmente el sueldo de Bolivia), también fue un golpe letal para el capitalismo de Estado, el sistema económico legado por la revolución del 52. Pero, entonces, la realidad se impuso a la ideología y a las costumbres políticas. El pragmático Paz Estenssoro hizo lo que cabía hacer: redireccionar la economía, replegar al Estado, dar impulso a las fuerzas del mercado y la iniciativa privada. Aquello fue indispensable para abatir el proceso inflacionario y restituir el orden económico y, sobre ese cimiento, volver a un período de crecimiento, que, al fin y al cabo, abonaría el terreno a la consolidación democrática.  

El control de la inflación desencadenó otros cambios sustanciales en el desenvolvimiento productivo, económico, social y político. Y entonces aconteció lo que antes no fue posible: un compromiso de los actores políticos para crear un clima de estabilidad institucional y gobernabilidad. Sobre ese pacto se construyó un modelo político de acuerdos interpartidarios, compromisos legislativos y coaliciones de gobierno -la “democracia pactada”-; un modelo con ganadores y perdedores (la izquierda política y sindical), pero que contuvo los males crónicos de la ingobernabilidad, la inestabilidad, el golpismo civi-militar.

Tales fueron también los fundamentos para las reformas institucionales que abrieron el Estado y el sistema político a una sociedad más abigarrada y movilizada con nuevos derechos y libertades, entre estos la identidad étnico-cultural. El ascenso del MAS no se explica sin tales cambios. La lección cardinal es que la sociedad fue capaz de resistir una catástrofe económica y social, sobreponerse y renovarse en cuestiones sustanciales; algunas han sobrevivido, otras se perdieron con el tiempo.  

Un cisne negro 

Bolivia ha cambiado mucho desde entonces. No obstante, la conmoción de la pandemia del Covid 19, sugiere algunos paralelismos, con la diferencia crucial de que esta es una crisis global, que abarca al mundo entero, aunque sus manifestaciones son heterogéneas según las regiones y los países. Así, Bolivia soporta esta emergencia sanitaria con fragilidades propias que hacen de esta crisis algo potencialmente más corrosivo y quizá de efectos más duraderos. Entre estas fragilidades, además de las carencias del sistema de salubridad, está la extendida informalidad de su economía, la desprotección social de los trabajadores por cuenta propia, los altos niveles de pobreza y, por cierto, la debilidad del Estado para lidiar con situaciones muy demandantes como una epidemia.

Precisamente, la vulnerabilidad de amplios sectores de la población ha impuesto al gobierno la obligación de dar ayuda y asistencia social masivas, en un grado sin precedentes en nuestra historia. Ello, a pesar de que la crisis, ha tomado al país con su economía menguante y debilitada, sobre todo por el desplome de las exportaciones de gas y minerales. La ironía es que el gobierno de Jeanine Añez debe, ahora, hacer frente a la emergencia abriendo mano de la chequera pública, en lugar de enfocarse en el déficit fiscal y comercial, la caída de reservas internacionales y otros desajustes macroeconómicos, heredados del régimen anterior, a fin de dar sostenibilidad a las cuentas públicas y resguardar la estabilidad y el crecimiento.  

Pero como el virus no sabe de transiciones políticas, su irrupción abrupta (de ahí la metáfora del cisne negro), ha obligado al gobierno a extremar esfuerzos para financiar un incremento súbito de gastos en la atención sanitaria, reforzar el presupuesto de salud y destinar otras partidas al cuidado de las familias, otorgando bonos, subsidios a los servicios públicos, aplazamiento de obligaciones tributarias y crediticias, inyección de liquidez al sistema bancario, entre otras medidas para paliar el rigor de la cuarentana forzada y tratar de minimizar los daños en la economía y en el empleo.

Resta ver si todo ello es suficiente; probablemente no. Con todo, el costo fiscal de esta intervención es enorme, por encima incluso de la capacidad del Estado y por lo cual se ve forzado a endeudarse y a tomar nuevas obligaciones financieras que, naturalmente, incrementan el déficit fiscal y en la balanza de pagos. Y cuanto más prolongada la crisis sanitaria, tanto mayor el costo fiscal y más presión sobre las reservas. Con la actividad económica y productiva paralizada por semanas y tal vez meses, el escenario previsible es una fuerte contracción. Tanto más porque la economía mundial se sume en una coyuntura recesiva.

Así pues, la emergencia sanitaria y económica dejará un Estado fiscalmente exhausto y sin apenas espacio para estimular la recuperación económica. ¿Qué instrumentos de política podrán aplicarse, sabiendo que la lucha contra peste perdurará por más tiempo insumiendo recursos crecientes? No lo sabemos. Aquí vale recordar que la hiperinflación fue una crisis anunciada y los remedios eran más o menos conocidos. En contraste, la crisis actual es un choque súbito y de una magnitud que nadie podía prever. Por tanto, no hay ninguna solución probada que esté disponible, y nuestro gobierno, como otros, tendrá que hacer camino al andar.  

Bolivia tiene margen para más endeudamiento externo, es cierto, y seguramente lo usará para reforzar el presupuesto e inyectar más liquidez a la economía. La opción lógica es buscar créditos concesionales, ayudas gubernamentales y otros fondos multilaterales y financiamientos, para lo cual es necesaria una gestión activa, oportuna e inteligente de parte del gobierno.  

Con todo, y así como el combate de la pandemia conlleva sacrificios y altos costos sociales, en el futuro quizá éstos no serán menores. Habrá que sincerar la economía, recortar gastos públicos no esenciales y encontrar cómo subir los ingresos. Esto debe llevar a redimensionar el Estado y repensar su papel en la economía, dejando más espacio al sector privado. En condiciones de severas restricciones fiscales y desmoronamiento del capitalismo de Estado, difícilmente puede haber margen para más populismo económico, más estatismo e intervencionismo. Quién lo intente, se estrellará contra la realidad. 

Desde ya, el gasto público tiene otras prioridades, y no únicamente como respuesta a la crisis sanitaria. Desnudadas las falencias del sistema de salud, su reforma se ha hecho imperativa; una reforma que demandará más recursos que sólo el 10% del presupuesto del Estado. Todo apunta a que esta reforma detone una transformación social más profunda, y con la educación como objetivo estratégico, y en ambos casos con el concurso inestimable de las nuevas tecnologías.

De hecho, la crisis sanitaria está visibilizando el potencial de innovación tecnológica que existe en Bolivia, con numerosas personas, las más de ellas emprendedores y profesionales jóvenes dados a la tarea de resolver la falta de equipos, protectores y otros insumos médicos, desarrollando sus propias proyectos e investigaciones y con resultados alentadores, como se puede observar en estos días. Hay mucha energía social en la búsqueda de soluciones tecnológicas creativas. 

La emergencia da oportunidad a experiencias de educación a distancia y al uso de aplicaciones y plataformas digitales, tanto en universidades como en colegios, como no había ocurrido antes, incluso a pesar de sus resultados precarios. Es la necesidad convertida en virtud. El impulso a cambios metodológicos, tan necesarios como urgentes, para modernizar nuestra educación y estimular otros modos de formación y entrenamiento a partir de la digitalización.

La crisis subraya la capacidad del agro, particularmente cruceño, de producir alimentos y proveer seguridad alimentaria. Esto no era así en los años de la hiperinflación. Ahora, en cambio, Bolivia tiene muchas más posibilidades de autosuficiencia, y con un potencial agroexportador significativo.

Todo ello indica el nuevo rumbo que puede tomar la economía boliviana. Pienso en la diversificación productiva y de la oferta exportadora, más inexcusable por la contracción del mercado de minerales e hidrocarburos. La crisis abre nuevas oportunidades a la agroindustria y también a la producción de bienes y servicios basados en las nuevas tecnologías, la automatización, el desarrollo de software, las plataformas y aplicaciones digitales en ámbitos y rubros muy diversos, configurando el desarrollo de la industria digital en Bolivia, y a partir de la cual la idea de ser parte de la economía del conocimiento adquiere mucho más sentido. Tanto más porque en la etapa pospandemia, la ciencia y la tecnología incluso serán más determinantes. 

El virus de la polarización

La reforma económica y social plantea el reto de la reinvención de la política. La estabilización y las reformas, en los años 80 y 90, fueron posibles porque allí operaron partidos políticos relativamente fuertes y con capacidad de representación, y que supieron adaptarse a las condiciones de un sistema político pluralista (la hegemonía del MNR había quedado en el pasado), con contrapesos y equilibrios dinámicos y con alternancia de gobierno. 

Hoy en día la situación del sistema político es menos favorable –dada la debilidad de los partidos y la ausencia de liderazgos fuertes y experimentados-, en un escenario extremamente complejo de una crisis multidimensional interna y externa, y con la polarización política y social acechando sobre una institucionalidad precaria, a la que le cuesta mucho hacer pie, y que tiene pendiente su propia reconstrucción y reforma.

 Bien es cierto que la pandemia cuestiona de raíz la razón de ser de esta polarización, largamente cultivada y arraigada (14 años no fueron pocos) ¿Qué sentido tiene mantener líneas antagónicas en la política, cuando toda la sociedad debe enfrentar a un enemigo común e invisible que puede acabar con unos y a otros?  ¿No será éste un virus potencialmente más inicuo y destructivo, puesto que socava el arma más importante –la cohesión social- para lidiar contra la pandemia y sus efectos devastadores?

La cuestión es que el fin del populismo autoritario ha dejado, en su retirada, una crisis política que se agrava por la emergencia sanitaria, económica y social. En un contexto de extremas privaciones, recesión y caída del nivel de vida, sería milagroso que un sistema político salga indemne. Es una reacción humana buscar chivos expiatorios, y los políticos suelen ser las víctimas perfectas. La clase política, que ya era frágil antes de la peste, tendrá que vérselas con más cuestionamientos y pérdida de legitimidad. Ello parece irrevocable. También podría llevar a decantar el mismo sistema: las adversidades ponen a prueba al carácter de los líderes y de las organizaciones; sus aptitudes reales de conducción y eficacia política.   

La ventaja es estar inmersos en una transición democrática, hasta aquí ordenada y pacífica (incluso parcialmente concertada con el MAS). Así pues, y a menos que el Covid 19 descarrile el curso del proceso, tenemos la opción de encauzar la solución de la crisis dentro de la transición. Serán los bolivianos, en las urnas, quienes renueven la legitimidad de las instituciones y de sus gobernantes. No habrá que buscar artificios jurídicos y constitucionales para una salida política. El calendario electoral está trazado. Lo demás dependerá de los partidos y candidatos; de su capacidad de estar a la altura de los retos de hoy y de mañana. Así sucedió en la época de la hiperinflación; el país salió adelante, con un sistema político solidificado, y con valores y prácticas renovadas: donde antes había prevalecido el encono y la confrontación ciega, surgió el entendimiento y la capacidad de dialogar, de tender puentes y de construir consensos.

Un sistema político fragmentado, como el actual, no tiene destino si no consigue instalar un modelo de interacción y convergencia, con mayorías políticas y parlamentarias flexibles y moderadas. Sin ello, y sin un liderazgo con luces altas y visión estratégica, remontar la crisis y lograr gobernabilidad democrática se pone cuesta arriba.  

Nuevo contrato social

Las medidas aplicadas en los años 80 y siguientes configuraron un cambio estructural del sistema económico y político. Así lo percibió Paz Estenssoro cuando dijo que el 21060 inauguraba una coyuntura de al menos 20 años. También podría suceder con el desemboque de la crisis actual. La emergencia sanitaria nos interpela en tanto individuos y en tanto comunidad nacional (pocas veces la supervivencia colectiva ha dependido tanto de lo que hagamos unos y otros). Aflora un espíritu de compromiso mutuo que puede nutrir un clima de cohesión social. Para ello, sin embargo, es preciso pensar en términos de un nuevo contrato social, de modo que el programa anticrisis también se ensamble en una estrategia de desarrollo de largo plazo. 

Ahora bien, es previsible que la emergencia sanitaria conlleve un nuevo aumento de los niveles de pobreza y desigualdad. De ahí lo crucial de un plan eficaz y consistente de reactivación económica. Pero esto mismo puede no ser suficiente. Los bolivianos tienen expectativas mayores. Muchos han salido de la pobreza, la clase media ha engrosado sus filas, y hay más movilidad social. Es comprensible, pues, la angustia de recalar en la pobreza y de que se cierren las oportunidades de superación personal y familiar. No se trata únicamente de sobrevivir. El gran desafío de Bolivia es transformarse en un país de clases medias (como lo son otros países de la región), con oportunidades de educación, servicios públicos de calidad, seguridad económica, derechos políticos efectivos, acceso a la modernidad. Este objetivo tendría que estar en el centro de un renovado proyecto nacional, y la crisis de hoy podría propulsarnos a ello.  

La situación causada por el virus puede parecerles a muchos un polvorín, y quizá lo sea. Pero no se debe subestimar el poder transformador del infortunio. En el pasado, la sociedad boliviana se sobrepuso a adversidades que, en su día, parecían insalvables. De esta nueva crisis saldremos. Lo importante es cómo lo haremos y en qué dirección.   

Henry Oporto es sociólogo.

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