Armando Álvarez Arnal

Necesidad de mantener la cadena de pagos

miércoles, 8 de abril de 2020 · 01:09

Luego de 14 años, en los cuales el gobierno de Evo Morales dispuso de más de 45.000 millones de dólares provenientes de las rentas percibidas por las exportaciones de gas y por la deuda externa asumida en esos años, resulta inaudito, por decir lo menos, el precario estado en que dejó el sistema de salud del país y que no se hayan constituido reservas de recursos para utilizados en tiempos malos, como los que nos tocan vivir.

Si bien, como ha quedado en evidencia, el sistema de salud de la mayoría de los países no está preparado para enfrentar una pandemia como la del Covid-19, es indudable que aquellos con sistemas de salud más precarios están obligados a tomar medidas extremas, y posiblemente más prolongadas de aislamiento social, a fin de tratar de controlar su propagación con las consiguientes consecuencias económicas. Esa es la situación que enfrenta el actual gobierno de transición, pero además con las arcas del Estado bastante disminuidas, gracias al despilfarro y ninguna previsión del gobierno anterior. 

El primer e inmediato impacto económico que generan las medidas de aislamiento social recae sobre las empresas, porque a pesar de que tienen disponibilidad de bienes y servicios y los consumidores tienen todavía recursos para adquirirlos, éstos no lo pueden hacer porque tienen restricciones para movilizarse, y la mayoría de las empresas súbitamente han tenido que cerrar temporalmente. Ahora, como las empresas cerradas no tienen ingresos porque no pueden vender ni cobrar lo que vendieron anteriormente, tendrían problemas para pagar salarios, cumplir diversas obligaciones (sociales, financieras, tributarias, etcétera) y para atender las obligaciones con sus proveedores (de insumos, partes y servicios), quienes a su vez tampoco podrían cumplir con sus trabajadores, diversas obligaciones y proveedores y así sucesivamente.

 De romperse la cadena de pagos, al problema de oferta se adicionaría un problema de demanda, porque los consumidores ya no tendrían ingresos para adquirir bienes y servicios, situación que alargaría la recuperación de las empresas y de la economía en su conjunto. 

El actual gobierno de transición ha tomado medidas, como el diferimiento en el pago de impuestos, contribuciones sociales y créditos bancarios, que deberían permitirles a las empresas contar con los fondos para pagar a sus trabajadores, proveedores y otras obligaciones. El Banco Central, por su parte, ha implementado una medida no convencional al adquirir valores de la cartera de los fondos de pensiones que administran las AFP, para que éstas inviertan esos recursos en depósitos a plazo fijo de las instituciones financieras y éstas, a su vez, los presten a las empresas.

Muchos proveedores son medianas, pequeñas y microempresas, algunas con dificultades para acceder a financiamiento o incrementar el que ya tienen, por lo que imprescindiblemente necesitan para subsistir que sus clientes -usualmente medianas y grandes empresas- les paguen. Sin embargo, dentro de las medidas tomadas por el gobierno no hay ninguna que induzca a las empresas a priorizar adicionalmente al pago de salarios el pago a proveedores. De hecho, la posibilidad de diferir el pago de impuestos, contribuciones sociales y créditos y acceder a nuevos financiamientos debería estar condicionado a que esos recursos se destinen prioritariamente a sostener la cadena de pagos, de ninguna manera al pago de dividendos, la compra de activos fijos u otros fines que no corresponden en las actuales circunstancias.

Por otra parte, a fin de que la cadena de pagos se mantenga en la mayoría de empresas posible, sería necesario que otras fuentes de financiamiento, como las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), reguladas por ASFI y que financian a un importante número de pequeñas y microempresas y productores, pero que no pueden captar recursos del público, accedan a financiamiento en condiciones adecuadas, a fin de que puedan diferir el pago de los créditos u otorgarles nuevos financiamientos a esas empresas y productores.

Armando Álvarez Arnal es analista económico y financiero.

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