Marco Lazo de la Vega D.

Covid-19: ¿muerte de los contratos?

viernes, 22 de mayo de 2020 · 00:07

Es probable que el Covid-19 deje consecuencias y daños irreversibles en la economía, el derecho y en todos los ámbitos de la vida humana.  En su aspecto más trágico, hasta la fecha, este virus ha generado más de 325 mil muertes en el mundo.

Siguiendo una estrategia preventiva, el gobierno de Bolivia ha activado previsiones constitucionales para declarar un estado de emergencia en todo el territorio nacional. 

La cuarentena obligatoria restringe la movilidad de las personas, el transporte terrestre, fluvial y aéreo, el ingreso o salida de mercancías, entre otras prohibiciones.

Con estas nuevas obligaciones legales, los contratos suscritos antes, durante y luego del Covid-19 han ingresado en alto riesgo de adquirir en el plano jurídico, enfermedades lacerante y eventualmente letales.

En estas condiciones,es muy oportuno averiguar cuál es la validez de las relaciones contractuales en las que nos encontramos (este análisis no cubre las relaciones matrimoniales).

Es posible que las mismas hayan ingresado a una etapa terminal o de mutilación.  Las condiciones en las que se ha contratado en el pasado han cambiado radicalmente.  En esa línea de pensamiento, es pertinente abordar el concepto de la imposibilidad sobreviniente. 

La ciencia del Derecho se refiere a la fuerza mayor para describir aquellos hechos originados por la naturaleza, y al caso fortuito para aquellos actos generados por el ser humano, que afectan o imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en relaciones contractuales.

Por ejemplo, si una inundación destruye totalmente una fábrica procesadora de soya, comprometiendo seriamente la capacidad productiva, los contratos de venta de dicho cereal podrán declararse en suspenso o extinguirse definitivamente, por causal de fuerza mayor. 

En este sentido, la postergación o resolución de contratos romperá el principio fundamental de que los contratos deben obligatoriamente cumplirse (pacta suntservanda). 

Sin embargo, es importante aclarar que esta situación excepcional también forma parte de la seguridad jurídica, ya que no puede ejecutarse algo que física o legalmente no es posible. 

Esos requisitos incluyen básicamente,que la obligación sea imposible de cumplir (impossibiliumnullaobligatioest).  En el caso citado, la fábrica no podrá operar y por tanto no podrá honrar sus obligaciones contractuales a favor de sus clientes. La reconstrucción de la factoría y reposición de maquinaria, presentará un grado de complejidad evidente.

Sin embargo, una gran dificultad inesperada, por más compleja que ésta sea, no es por sí sola, causal suficiente para pedir la extrema unción de los contratos. Una fiebre no es prueba contundente de haber contraído coronavirus.  Deben cumplirse, inexorablemente, una serie de elementos subjetivos y objetivos.

Uno de los más importantes requisitos se refiere a la inimputabilidad del deudor, o sea que el mismo no haya ocasionado directa ni indirectamente la imposibilidad sobreviniente.  El propietario de la fábrica no debe ser responsable de la inundación.

En efecto, si el dueño de la fábrica ha modificado dolosamente el curso de un río cercano, con el fin ocasionar el daño y así no cumplir contratos de entrega de soya, la referida inundación no podrá ser considerada causal de fuerza mayor para suspender o resolver las obligaciones contractuales de la fábrica. Evidentemente, tal acción generaría también un conjunto de acciones penales, en adición a la responsabilidad civil de pagar daños y perjuicios.

Para resolver un contrato por motivo de la inundación, o del Covid-19, estos hechos deberán asimismo cumplir el examen de imprevisibilidad y/o inevitabilidad.  El hecho sobreviniente no debe ser previsto, y en caso de serlo, debe ser irresistible, inevitable, y fuera de control por parte del deudor.

En el caso del coronavirus, tres meses atrás, el común de la gente no tenía posibilidad de prever que el coronavirus tendría efectos pandémicos de alcance mundial.  Este elemento tendrá que ser así valorado y homologado por las autoridades judiciales que traten una controversia contractual.

Sin embargo, una vez que el virus se convirtió en una gran amenaza y el Estado prohibió a estantes y residentes salir de sus casas, el hecho dejó de ser razonablemente  imprevisible.  Probablemente se habría convertido en un caso fortuito (teoría del acto del príncipe), pero de igual manera se deberían analizar los elementos objetivos y subjetivos en cada caso.

Resulta fundamental, entonces, que la interpretación de contratos existentes y la redacción de nuevos contrato se realicen de manera escrupulosa, en el más estricto sentido casuístico.

El acuerdo sobre derechos y obligaciones inherentes en futuras relaciones contractuales debe ser, como nunca antes, abocado a un trabajo contextual de tiempo, modo y lugar. 

Los contratos deben incluir en sus cláusula nuevas condiciones, previsiones y salvedades para proteger adecuadamente los intereses específicos de las partes, en el marco de estas nuevas contingencias ocasionadas por el covid-19.

Las aguas del contexto histórico han cambiado radicalmente.  Los contratos deben contemplar ahora los eventuales remedios legales para no perecer por causales de fuerza mayor o caso fortuito.  Para el mundo jurídico, nunca antes se hicieron tan evidentes las palabras de Eráclito: “Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río”.

Marco Lazo de la Vega D. es ciudadano boliviano.

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