Héctor Arce Zaconeta  

Justicia, el factor social

jueves, 21 de enero de 2021 · 05:10

Cuando hablamos de la necesidad de una reforma profunda en la administración de justicia siempre pensamos en el Estado, en la responsabilidad del gobierno;  empero, ¿realmente toda la responsabilidad de esta imprescindible reforma está en manos del Estado?, ¿no será que hay elementos dentro de la “sociedad abigarrada”, como diría Zabaleta Mercado, que impiden en los hechos que una verdadera justicia objetiva e independiente exista en Bolivia? Veamos:

La profesión de abogado en Bolivia está tremendamente desprestigiada. Existen una serie de cuestionamientos y, al final, se confunde el concepto con el defecto de una profesión, que en esencia debería ser noble, sana y de servicio.  En nuestra sociedad, el abogado ético que rechaza una causa porque no encuentra derecho para demandar es el mal abogado; el buen abogado es el que gana los juicios a cualquier costo, el que asegura victoria en base a prebendas y contactos, no en base a conocimientos y argumentos. 

A la mayoría de los litigantes no les gusta escuchar que el derecho no les asiste y que su parte contraria tiene la razón; les encanta escuchar que se puede torcer el derecho para favorecerlos aunque no lo merezcan. Ninguna reforma cambiará esta situación que está en la sociedad y no en el Estado.

El ciudadano de a pie tiende a confundir el derecho en general con el derecho penal. En nuestra sociedad, ante cualquier conflicto, por pequeño que éste sea,  el litigante casi siempre insiste en recurrir al proceso penal; al parecer nuestra gente entiende que amenazando con la pérdida de la libertad, el don más preciado y la condición natural del ser humano, se va a obtener resultados inmediatos. Con esto, la extorsión, el chantaje y la amenaza son los elementos ajenos al derecho, pero, al parecer, son lo que los litigantes, que tienen recursos, prefieren y utilizan. Ninguna  reforma cambiará esta mala práctica de la sociedad, a no ser que nuestra propia cultura evolucione, en el sentido correcto, en el sentido de entender al derecho como un bien social, como un servicio fundamental, del cual nunca se debe abusar.

En nuestra sociedad, por lo general, las partes no  aceptan el fallo del juez cuando no les favorece. Las condenas sociales son mas rápidas, efectivas  y contundentes que las condenas judiciales. En estos casos, los jueces y fiscales no se guían por el cuaderno de investigación, ni las pericias, ni las pruebas; en muchos casos se guían por movilizaciones, presiones y amenazas de grupos que se arrogan para sí una supuesta legitimidad social, que es capaz de sustituir la función jurisdiccional del Estado. 

Hay jueces que pueden condenar por feminicidio en casos donde jamás hubo autoría o  intencionalidad de matar; o condenar sin pruebas por violación e infanticidio a un galeno, que para su desgracia estaba en el lugar y el tiempo equivocado. Todo por contentar a pequeños grupos, que muy legítimamente pueden pedir justicia, pero no deben, guiados por la furia y la desesperación, imponer caprichos cuando se juega con la vida y la libertad de seres humanos, que tienen derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, a un juicio justo e imparcial como cualquier persona. 

En nuestra sociedad hay personas y empresas que se hacen de fama y fortuna no por su cualidades éticas, ni técnicas, ni profesionales, sino por la capacidad de manipular la justicia, de intimidar a la gente que interactúa con ellos; es como si eso les diera un cierto rango o estatus social, basado en el abuso de poder. Asimismo, para nadie es un secreto que hay empresas que en lugar de contratar a técnicos de su especialidad, contratan a los mejores abogados, a los mejores bufetes, para que por la vía de la renegociación de contratos y adendas, o por la vía de la manipulación de la justicia, conseguir beneficios muchas veces en desmedro del mismo Estado. Claro ejemplo de esto son las obras de infraestructura paralizadas en el país a causa de litigios chicaneros, innecesarios y abusivos.

En consecuencia, es claro que el proceso de reformas jurídicas que encaramos no es responsabilidad exclusiva de los órganos del Estado, si bien se necesita terminar el proceso de creación de nuevos códigos en el país, si bien se necesita transformar sobre todo la visión de jueces y fiscales para construir una justicia más transparente, rápida y humana, y si bien es necesario generar mayores recursos, tecnología e infraestructura para la administración de justicia. 

No es menos cierto que debemos reflexionar profundamente sobre nuestros modelos mentales, sobre la necesidad de construir una cultura de paz, de erradicar las prácticas pleitistas  y revanchistas,  ya que, como dijimos alguna vez,  no es posible construir un sistema de justicia de oro con usuarios y litigantes de plomo.

   
Héctor Arce Zaconeta  es abogado, fue Procurador del Estado y Ministro de Justicia.
 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

12
124

Otras Noticias