Agustín Echalar Ascarrunz 

Presunción de inocencia

domingo, 29 de noviembre de 2020 · 00:11

La noticia de que William Kushner vaya a  ser transferido a su casa y que en adelante guarde detención domiciliaria es, ante todo, una buena noticia para sus hijos, que eran tan pequeños cuando fue detenido, para su madre y para sus demás seres queridos.  Por supuesto que para él también, porque es mejor, mejor dicho menos peor, estar preso en casa que en San Pedro; estar con los de uno, que alejado de los seres queridos. Pero aclaremos: él sigue privado de libertad.

Paradójicamente, aunque algunos pudieran echar el grito al cielo con el hecho de que un reo condenado obtenga esa detención, esta es una buena noticia para la justicia boliviana, en primera instancia, porque las detenciones preventivas son una aberración, una deformación del manejo de la justicia, y Kushner estuvo cinco años, antes de ser sentenciado, en esa condición. 

La presunción de inocencia es uno de los más importantes valores que tiene una economía jurídica moderna y precisamente por ello es que una detención preventiva debería, en casi todos los casos, ser simplemente inaceptable. En el caso de Kushner, alegar su buena situación económica, o como ahora, el hecho de que sus hijos tengan nacionalidad española, o que en plena pandemia puede cruzar con facilidad la frontera, es absurdo, y además una doble presunción de culpabilidad. Se presume que él cometió un delito y que está dispuesto a cometer otro. Un arraigo debería bastar. Dicho sea de paso, en realidad lo que sí implica un riesgo de fuga es lo ineficiente y corrupta que es la justicia boliviana; un acusado de cualquier cosa posiblemente se tienta a abandonar el país, porque es posible que le será imposible demostrar su inocencia. 

En el caso de Kushner, en la primera instancia ha sido condenado por un crimen que él y su defensa siempre han declarado que nunca cometió, y no hay pruebas que refuten este extremo. Su condena, que es la máxima que tenemos en nuestro sistema judicial, lo culpa de un crimen que no tuvo lugar. Sí, estimados lectores, la joven que murió a raíz de lo que sucedió en la “Calle de la Alegría” simplemente no fue asesinada con premeditación y alevosía. 

Más allá de la enorme pena y rabia que puede causar la muerte de una persona joven, ante todo para sus seres queridos; lo cierto es que debido a todo lo que se sabe de ese episodio -el acusado escapando y la joven corriendo tras él- cualquier persona con el mínimo sentido común no puede ver allí un asesinato. 

Lo sensato hubiera sido averiguar e investigar los hechos a partir de la presunción de inocencia del imputado, y si en el camino se encontraban indicios verdaderamente incongruentes con esa presunción, se debería actuar en consecuencia. En el caso de Kushner, la acusación de asesinato vino en el primer instante y a viva voz en una enorme cantidad de medios de comunicación; fue linchado mediáticamente, vale decir condenado, antes de que se iniciara la menor investigación. 

Y esa acción, comprensible en primera instancia por el dolor de un hecho terrible, se fue convirtiendo en una acción de odio. Las acusaciones contra Kushner son de alguna manera actos de odio de género.  

En Bolivia y el mundo la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas es inmensa, la cantidad de mujeres maltratadas por sus parejas es aún mayor, y eso es aberrante y se debe combatir, con leyes, con sistemas de apoyo a las víctimas, con una Policía eficiente, con redes solidarias, con jueces idóneos.  Pero eso no tiene que ver con el caso Kushner. 

La sentencia dictada contra Kushner es tan irracional que hace mucho sentido el que se vaya a segunda instancia, y ese proceso debería tener lugar estando el reo en libertad, precisamente por la bendita presunción de inocencia, hasta la última instancia. La detención domiciliaria, que en nuestro cotidiano ya suena a una enorme gracia de parte del sistema judicial, es en realidad hasta un exceso.

Agustín Echalar Ascarrunz  es operador de turismo.
 

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