Alberto Bonadona Cossío

Desafíos económicos que abren un única oportunidad

sábado, 26 de diciembre de 2020 · 00:10

El impacto económico del Covid-19 y las secuelas que trajo consigo es un fenómeno extraordinario. No es resultado de una burbuja financiera especulativa o un exceso de producción. Fue la pandemia y la cuarentena subsecuente que hizo que la economía mundial se detenga súbitamente y la producción se desplomó verticalmente en todo el mundo. Las consecuencias de la pandemia se tomaron de la mano de la economía.

 En Bolivia, la desaceleración de la economía es desde 2015 y se agrava con la cuarentena. Grandes, medianas, pequeñas y micro actividades productoras de bienes y servicios se detuvieron abruptamente. Pocas actividades, como la agricultura o servicios públicos (agua, electricidad) no se detuvieron. El impacto en el empleo y en las cadenas de distribución fue dramático. El período de transición presidencial abundó en desaciertos, como la discontinuidad de la inversión pública, el impago estatal a contratistas y un intento de control del déficit fiscal en un momento que se exigía (y se exige) deba incrementarse porque las consecuencias económicas de la pandemia así lo exigían (y exigen).

Si algo continúa faltando es una visión integral de la economía. Ni se piensa en un diagnóstico de una base económica que debió crearse con la abundancia del auge de las materias primas y debió favorecer la resiliencia para este crítico periodo. Parece que las secuelas de la pandemia en la producción, el empleo y el consumo estuvieran ausentes. Así, el Gobierno continúa con medidas inconexas. En vez de realizar, por ejemplo, un apoyo amplio a la producción privada, en todas sus formas abre el crédito público (con una excepcionalmente baja y atractiva tasa de interés del medio por ciento anual) pero, bajo la condición de sustituir importaciones.

 Lo positivo, aunque mal explicado por las autoridades, el 5% de reembolso del IVA que, en el balance de lo devuelto e ingresado al Gobierno, dejará un saldo positivo. El límite de 9.000 bolivianos, sin embargo, no ayuda a que el número de personas aumente. Los que ganan por encima de esa suma son los que más gastan y pueden exigir facturas. Lo propio ocurre con el impuesto a la riqueza que, se espera, abra las puertas a la fiscalización de personas que poseen grandes fortunas ilegales.

 Es mandatorio la elaboración de un plan integral de desarrollo con metas productivas de inmediato, corto, mediano y largo plazo que sustente el gran aumento del gasto público, se apoye en las nuevas condiciones del financiamiento multilateral (alentadas por las respuestas al Covid-19) y así se robustezca la débil base productiva (estancada en una baja productividad) con creación de valor agregado, prioridad a la generación de energías no convencionales (como la solar) y respete las vocaciones de los suelos en un nuevo patrón de desarrollo amigable al medioambiente.

Asimismo, se debe priorizar la inversión y el gasto público en los servicios de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes para el pleno desarrollo y ejercicio integral de sus derechos. A la vez impulsar el empleo digno con enfoque de derechos y de equidad de genero y generacional alejándose de crear ocupación sin salarios dignos, sin sistema de pensiones y en condiciones de gran precariedad.

 Hay que reformar el sistema de pensiones (SIP) que aumente los montos de pensiones percibidas y por percibir, preserve el poder adquisitivo de las mismas y establezca medidas que garanticen su sostenibilidad.  Fortalecer la capacidad de exportación de la economía con productos agrícolas nativos con características altamente demandadas en sociedades ricas. Esto exige la alianza de la capacidad productiva del sector privado con la capacidad del Estado. La misma debe gestionar mercados internacionales y construir la infraestructura que se requiere para producir más, favorecer el turismo, y acrecentar las facilidades ya existentes de exportar software. Robustecer los fundamentos de la bolivianización y erradicar la necesidad de una devaluación. 

La devaluación, en los hechos, es un juego monetario que no afecta la base productiva y menos la productividad. Para aumentarlas se requiere grandes impulsos a la producción y a mayores exportaciones de productos con valor agregado.

Estos son desafíos que debe enfrentar el Gobierno si quiere dejar una huella que haga avanzar la sociedad boliviana. Oportunidad que se abre a este Gobierno.

Alberto Bonadona Cossío  es economista.

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