Rodolfo Eróstegui T.

Rigideces

martes, 7 de julio de 2020 · 00:11

Nuevamente, nuestra vetusta legislación laboral, parchada con disposiciones que representan a todas las ideologías que pasaron por el gobierno en estos últimos ochenta años, está siendo utilizada para dar una respuesta a la peor crisis económica y de empleo de la historia nacional. Sin embargo, está quedando pequeña.

Nuestra Ley General del Trabajo (LGT) aprobada, primero como decreto en 1939 y luego elevada a ley en 1942, recoge la doctrina que protege al trabajador y, como no podía ser de otra manera, responde a la realidad boliviana económico/social de esa época. Los criterios de política económica, de política social se fueron transformando en la medida que la sociedad fue evolucionando. Las políticas económicas, sociales, medioambientales, de género, por señalar sólo algunas, cambian. 

Además en el país se introducen lentamente nuevas tecnologías, la mayoría con bastante retraso respecto a lo que acontece en el mundo, pero la verdad es que en las fábricas, en los bancos, la realidad tecnológica es distinta a la de la década de los sesenta. Todos esos elementos influyen en la estructura y superestructura de las relaciones laborales. Por ello se dice que el mercado de trabajo es el resultado de su construcción económico-social. 

A pesar que la legislación laboral ha sufrido muchas transformaciones, ninguna ha intentado modificar el concepto de 1939, es más, muchas de las nuevas normas las profundizan y otras las distorsionan al ampliar el ámbito de protección laboral. Por ejemplo, en este momento se hace imposible despedir al trabajador, incluso cumpliendo lo estipulado en la ley. Es como si existiera la propiedad del puesto de trabajo, siendo que en su formulación inicial la estabilidad es relativa.

Este contexto de legislación laboral a lo único que nos conduce es a una relación rígida porque no da margen de maniobra para el empleador. Con esta realidad jurídica laboral nos enfrentamos a esta crisis sanitaria provocada por el Covid 19. 

Los empleadores están apretados como por un alicate. Por un lado aprietan las normas y por otro las organizaciones de trabajadores. Este ambiente lo único que puede lograr es destrozar al empleador ya sea privado o estatal. 

El otro gran empleador es el Estado en sus distintos niveles. Pero ellos están exentos de esta realidad, se rigen por el Estatuto del Funcionario Público o por legislaciones particulares, como las del magisterio.  Por ello se dice que hay una asimetría jurídica entre el sector público y el privado. Como al Estado no le afectan las nuevas rigideces, continúa introduciendo distorsiones al régimen laboral. 

El Covid 19 ha empujado a los gobiernos en el mundo entero a declarar cuarentenas, las mismas que han afectado el normal funcionamiento de la sociedad, la producción de bienes y servicios y de los mercados. Las empresas tuvieron que frenar en seco y como todo en una parada súbita, se desorganiza, se entra en pánico. Algo así ha ocurrido con la declaración de aislamiento social.

La cuarentena rígida provocó la parálisis de las empresas y las que continuaron con actividad, sobre todo en el sector de alimentos, lo hicieron con una jornada reducida.  Las fronteras, puertos y en general los mercados se cerraron o están funcionando de manera restringida. En otras palabras no tienen mercado.

A esta situación la respuesta del Estado está retratado en el comunicado 14/2020 del Ministerio de Trabajo que recuerda que “la estabilidad laboral tanto en instituciones públicas y privadas está protegida por el Estado boliviano, quedando terminantemente prohibido el despido injustificado de trabajadores”. Este comunicado introduce, en esta época de pandemia, más rigideces a la relación laboral.

Las empresas están obligadas a pagar salarios. Los empleadores que decidieron despedir trabajadores, por instrucción del inspector del trabajo tienen que reincorporarlos. Pero no pueden porque sus empresas están cerradas. Esto es una ficción.

De esta manera el desempleo crece y los trabajadores tienen la sensación de que están protegidos, pero están, a l igual que frente al Covid 19, librados a la suerte para no infectarse.

 
Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales.

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