«Volteo» causa contrabando de justicia en tribunales de Oruro

jueves, 3 de septiembre de 2020 · 00:04

Carlos Quisbert / La Paz

“Te voy a dar todos sus nombres, entre policías y sus contactos; es cuestión de preguntar (acerca) de sus casas y sus negocios. Un sargento, un humilde suboficial no puede  justificar (cómo logró) ese patrimonio. En la próxima audiencia (judicial) tienen que darme libertad. Entonces voy a denunciar cómo hacen los volteos, con audios, fotos y  papeles”, dice Ángel  en febrero pasado, sentado en su cama  del penal de San Pedro en Oruro.

Cuando esté libre espera “vengarse” de los miembros de una red de corrupción que lo metieron en  la cárcel y lo despojaron  de su mercadería. Está detenido desde  octubre de 2019, poco antes de  la caída de Evo Morales.

Ángel (nombre ficticio) fue imputado por contrabando y robo agravado. Según su versión, pasó luego de que un grupo de policías, militares, un fiscal y comunarios de una población fronteriza lograron  arrebatarle la carga de seis camiones y un vehículo liviano en los que, de forma ilegal, internaba línea blanca y negra (televisores y celulares) por un paso fronterizo desde Chile. La mercadería costaba más de 750 mil dólares, 50.000   de los cuales eran capital de un préstamo bancario que aún debe pagar.

“Por los hijos”

La venta de esa mercadería debía servir para pagar  la fiesta de graduación de su hijo, viajar con la familia y comenzar un ahorro para enviar a estudiar al “varón de la casa” a una universidad en La Paz. Todo se truncó.

Una mujer menuda, con el cabello recogido, ojos despiertos y expresión seria es testigo de la entrevista clandestina que concede Ángel a Página Siete en la cárcel. Junto a ella, un joven varón de tez morena, con  “corte cadete”, está parado junto a la ventana en posición militar de “a discreción”, alerta a que no ingresen curiosos. Eso pasó en febrero.

Camiones  con contrabando intervenidos en Huachacalla, Oruro. 
Foto:APG

El panorama cambió en mayo. Ya en libertad, Ángel se percató de otra realidad en las calles. Luego del cambio de Gobierno y coroneles del Comando, vio cómo se rearticuló una red de policías corruptos. Ahora teme que ellos puedan identificarlo como el “vendepatria” o soplón.

Con el miedo de que “inventen otro caso” en su contra y lo encarcelen otra vez en medio de la pandemia del coronavirus, pero  sobre todo por temor a que involucren a sus familiares, pidió  no revelar los detalles de su caso.

“Pero tienes los nombres, son los mismos (policías implicados en el caso Raña), yo solo no puedo hacer nada. Los otros (testigos y procesados) pueden darse la vuelta, con plata y sus influencias (los policías) me van a caer a mí y a mi familia. Disculpa”, lamenta Ángel luego de una profunda reflexión sobre su situación.

El nuevo contacto se da en la oficina de su abogada, la mujer que fue testigo de la primera entrevista en la cárcel. Ella asiente con la cabeza al escuchar a su cliente.

Quien no los acompaña es el joven con el corte de cabello estilo cadete, el hijo mayor de Ángel, a quien no pudo abrazar en su graduación ni ver cuando se presentó “con su cacha” (maleta) en el cuartel para cumplir con el servicio militar. Su ilusión es retomar la meta de que estudie en La Paz, pero en lugar de la carrera de administración de empresas, como soñaron al principio, decidieron que ahora sea abogado, para que no los extorsionen, “para que no nos vuelva a pasar otra vez”, dice Ángel encogiendo los hombros.

Tranqueros y El Tío

“Creo que fui un poco terco, también (esto pasó) por escuchar a mi mujer. Ella no quería pagar a los tranqueros”, relató Ángel en la entrevista de la cárcel.

Los tranqueros son los grupos de policías –destacan familias de uniformados- que gracias a pagos e influencias son asignados a las “trancas” o puestos de control de las poblaciones en la Ruta Nacional 12, entre Chile y Oruro.

   Mercadería ilegal en Oruro. 
Foto: Red Pio XII

Esos policías, 45 días antes de las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019, subieron las coimas que cobraban por dejar pasar camiones con contrabando, en complicidad  con algunos militares y comunarios contratados para hacer de estibadores y vigías.

“Lo que decían (en 2019) era que los jefes (comandantes) de la Policía tenían que poner más plata para la campaña del Evo. Por eso les permitían todo”, recuerda.

Si antes por cada policía Ángel pagaba entre 1.000 y 1.200 bolivianos en cada tranca, la tarifa subió hasta 2.500 y 3.000, además de los pagos a  comunarios. Fue entonces que su esposa le mostró las cuentas y le hizo notar lo ínfimo de sus ganancias: “No quiero que les des más plata”, lo conminó. Así trató de negociar, pero los policías tranqueros se lavaron las manos y le aconsejaron que hablara con El Tío o coronel, quien asignaba los puestos en las trancas.

Recuerda que explicó   que le parecía un abuso. Al contrario de lo que esperaba, El Tío fue amable. “No hay problema, paga lo que consideres justo”, le dijo pero debía avisar la fecha que internaría la mercadería para “coordinar” con los militares del Comando Estratégico Operacional (CEO) del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

Así introdujo  primero dos pequeñas cargas en su vehículo particular. Cuando se sintió confiado y logró un préstamo bancario, compró en Chile toda la mercadería que cargó en  seis camiones. No pagó nada a los policías, sólo a comunarios que debían descargarla  en almacenes de Oruro.

Eran jóvenes apostados a lo largo de la ruta, para avisar  si se acercaban uniformados. “Mi error fue confiarme. Me dejaron pasar y cuando ya estaba en una zona alejada me intervinieron (los policías)”, cuenta. Creyó que, como pasó otras  veces, tendría ayuda de los comunarios para huir del operativo. Pero esta vez nadie respondió a sus llamados.

El abogado

Pese a la cuantía de la carga y el éxito del operativo sin violencia, ni la Fiscalía ni la Policía presentaron el caso a la prensa. La sorpresa de Ángel fue mayor cuando vio que era el único enmanillado ante el juez, quien luego de dar una larga explicación jurídica, que Ángel  no entendió, determinó enviarlo a la prisión.

La primera semana en la cárcel recibió la visita de un abogado. Vestido de traje y corbata, le dijo que lo habían enviado sus “amigos” policías y El Tío. Dijo que lamentaban su situación y que él  no avisó como acordaron, pero lo ayudarían. Ángel sintió que la suerte regresaba. El enviado lo convenció de que los tranqueros “charlaron” con el fiscal y por eso su caso no apareció en la prensa.

Debía dejar que el abogado haga todo y declarar que la mercadería no era suya para disminuir los cargos en su contra. Así lo hizo.

Entregó documentos originales de la adquisición de la mercadería “incautada en almacenes aduaneros”, su prioridad era salir de la cárcel. Pero le mintieron, en la Aduana no encontró registro de la entrega de los camiones. Semanas después se enteró que los policías sólo reportaron el secuestro de un camión presuntamente robado con una carga de fardos de ropa usada de bajo costo y que el único denunciante era el supuesto dueño de un vehículo.

“Me voltearon”, describe Ángel; así se llama al robo de policías a  ladrones, narcos o contrabandistas, aprovechando que los involucrados no pueden denunciarlos porque tendrían que admitir la comisión de un delito más grave. “Me voltearon y me quitaron todo; el abogado les hizo todo el trabajo y yo le entregué hasta los papeles originales”,  lamenta.

Así pasó noviembre, entre la convulsión social y su pedido de libertad rechazado tres veces. Llegó diciembre, y el único regalo de graduación que pudo hacer a su hijo fue la promesa de salir pronto de la cárcel. Para entonces el abogado había dejado el caso “porque no le pagaron sus honorarios” y culpaba al juez de no valorar las “pruebas de descargo”.

“Son los mismos”

El cambio de Gobierno causó un desajuste en la Policía y el CEO por lo que se dieron cambios de destino. Cuando Ángel logró salir de la cárcel creyó que era la oportunidad para denunciar a toda la red.

Pero quienes debían recibir la denuncia eran parte de la estructura de funcionarios corruptos que conoció en ese tiempo. A los policías “sólo les habían cambiado de tranca o tenían puestos de escritorio. Así nomás es, no importa quién entre al Gobierno, estos se van a mantener porque son una rosca”, dice Ángel, vencido.

Entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 se dio a conocer que  un centenar de policías de Oruro estaban implicados en una estructura criminal y, en complicidad con  civiles, permitían el ingreso de contrabando. El caso llegó a salpicar a miembros del Comando de la Policía encabezado por el general Faustino Mendoza.

El principal implicado fue el excomandante de la Policía de Oruro  Rommel Raña, quien fue detenido en marzo de 2019. Un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FFAA), publicado en diferentes artículos por Página Siete, reveló que los efectivos policiales tenían “ayudantes” en 18 puestos de control y en poblaciones intermedias entre la frontera de Chile y la ciudad de Oruro, como Pisiga, Sabaya, Huachacalla, Copacabanita e incluso el pueblo natal de Evo Morales, Orinoca.

Caso Raña

Ese informe citaba nombres de un centenar de efectivos quienes cobraban desde 700 hasta 2.500 bolivianos por camión en cada punto. Un solo vehículo podía pagar hasta ocho veces en su recorrido, según la ruta.

“Todo tiene un precio. Los policías pagan por ir a estos lugares fronterizos o cercanos a las trancas de control. Parte del dinero ilegal que reciben deben entregarlo a estos jefes. El comandante general (Faustino Mendoza) conoce todo lo que esta red hace, pero se queda callado”, dijo en esa oportunidad una fuente policial.

Según  la investigación, sólo en siete trancas se generaba una recaudación trimestral de 147 mil dólares para los jefes policiales. En esos lugares estaban asignados 94 uniformados, en su mayoría sargentos y suboficiales. Cada uno pagaba entre 1.000 y 2.000 dólares por permanecer en ese puesto. Extorsionaban  a los contrabandistas para reunir ese monto cada mes, “además de ganancias para recuperar lo invertido”.

“Se ha mencionado la existencia de  clanes familiares, pero no son parte de la investigación hasta el momento. La comisión a cargo del caso trabaja en la ampliación hacia otros implicados, que deben ser citados”, confirmó a este medio el entonces fiscal departamental de Oruro  Orlando Zapata, en octubre de 2019.

En noviembre, tras el cambio de Gobierno, se designó en lugar de Zapata a Iván Azurduy. La nueva autoridad departamental detalló que en 2019 -cuando ya estaba vigente la Ley 1053 de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando- se atendieron 163 causas relacionadas a este ilícito.

En agosto de 2019  se  filtró un audio con la conversación entre dos policías  que  revelaban que continuaban los cobros por destinos y la extorsión a contrabandistas. La denuncia señalaba la rearticulación de los uniformados investigados en el caso Raña.

El recaudador de las coimas era un capitán de apellido Carrasco, intermediario del comandante departamental de Oruro, a quien denominaban “cumpleañero”. Junto con  otros jefes policiales, él se llevaba el 40% del total obtenido en Challapata.

“¿(El capitán Carrasco) se debe reportar con el 30 (comandante departamental de la Policía), no?”, es la consulta de uno de los uniformados en el audio. Un segundo uniformado le responde: “Yo creo que sí, el 40% (del dinero) está sacando para todos los cumpleañeros (superiores)”.

La conversación fue días después del 24 de junio de 2019, fecha en  que se registraron disturbios en  Challapata y los pobladores quemaron una caseta de control policial. En  el audio, uno de los   uniformado explica que para evitar otros conflictos no cobrarían coima por el paso de vehículos pequeños con contrabando, “el pago” sólo se exigiría por camiones.

En marzo pasado, días antes de que se declare la cuarentena por el coronavirus, Página Siete accedió al cuaderno de investigaciones y verificó que en el caso de “red de la corrupción” de Raña, la investigación se amplió contra 12 uniformados:  dos coroneles, tres mayores, tres capitanes, tres tenientes y un solo suboficial.

Raña logró la detención domiciliaria y, luego de meses  alejados de sus funciones, los supuestos cómplices volvieron a sus cargos e incluso uno de ellos ocupa una dirección nacional y es  parte del Estado Mayor de la Policía.

Como el proceso de Raña, el caso de Ángel  se paralizó. Los conflictos sociales de octubre y la pandemia lograron que la justicia olvide retomar las investigaciones. Ahora Ángel camina  libre, con la idea de reunir el dinero para enviar a estudiar a su hijo, pero con el temor de que en algún momento vuelvan a señalarlo como culpable del contrabando de una mercadería que le “voltearon”.
 

Denuncia  ante Evo
 

En marzo de 2019, el fiscal Franz Villegas  reveló que el caso de  Rommel Raña comenzó por la denuncia de un general ante Evo Morales.   

2.000 dólares era lo que supuestamente cobraba Raña por designar a un policía en un puesto fronterizo.

Dos  unifomados hicieron esa denuncia ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo de Oruro, según Villegas.

  94 efectivos conformaban la presunta  red de corrupción que permitía el ingreso de contrabando por rutas clandestinas en Oruro.

Tres uniformados fueron imputados ,  en marzo de 2000. El caso se amplió contra otros 12 policías; de ellos sólo uno es suboficial, el resto tienen rangos superiores.

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